Hacia un estatuto del artista y el profesional de la cultura

En febrero del pasado año, el Congreso de los Diputados (a propuesta del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Común-En Marea) aprobó la creación, en el seno de la Comisión de Cultura, de una subcomisión encargada de preparar la propuesta para la elaboración de un Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura, adaptado a las necesidades específicas del sector y sus profesionales por cuenta propia y ajena. Durante casi año y medio comparecieron en la Cámara Baja expertos y representantes de colectivos de trabajadores que expusieron ampliamente a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios sus inquietudes y aspiraciones, entre las que destacan fiscalidad, protección laboral, jubilación activa y transición profesional.

Partiendo del hecho de que los soportes y condiciones materiales de la cultura se transforman de manera continua, los trabajos realizados por la subcomisión ofrecen una agenda legislativa de avance social en materia de derechos, obligaciones y oportunidades, con vocación de traducirse en cambios legislativos efectivos. Y el pasado mes de junio, por unanimidad de sus miembros, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó el informe final, en el que se reconoce la histórica reivindicación de la especificidad del trabajo de creadores, artistas y profesionales de la cultura. Se trata –como se dice en las conclusiones- de aprovechar la oportunidad de ponerse a la altura del cambio social y tecnológico, tanto en lo laboral y fiscal como en materia de propiedad intelectual. Asimismo, se considera que vocación y profesión deben ir de la mano en derechos y obligaciones, y que la vocación no debe convertirse en excusa para tener menos oportunidades o trabajar en peores condiciones. Porque tiene que ser posible en este sector, que cuenta con altas tasas de precariedad, dedicarse profesionalmente a la cultura, poder vivir de ella, sin olvidar la vieja aspiración de compatibilizar la percepción de prestaciones públicas con ingresos por derechos de propiedad intelectual y actividades creativas.

Con este proyecto de Estatuto, por fin se ha dado presencia pública al trabajo cultural mediante su inclusión en la agenda política. El Congreso de los Diputados reconoce la necesidad de buscar un marco legal, laboral y fiscal que proteja realmente a los creadores. Se ha visibilizado la situación del sector y, en definitiva -como considera la actriz, directora teatral y diputada valenciana de Unidos Podemos-En Comú Podem, Rosana Pastor, que ha participado activamente en el proceso-, «se ha conseguido el mejor Estatuto del Artista posible».

En efecto, el informe aprobado plantea una serie de propuesta y recomendaciones, tales como: ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de ingresos irregulares propia del sector; crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto dentro del régimen general como en el de autónomos; garantizar el efectivo derecho de los profesionales de la cultura a estar debidamente representadas sindicalmente; impulsar medidas contra la precarización de los servicios de orientación y educación en los espacios culturales; impulsar el fomento de la creatividad artística a través de cooperativas de trabajo asociado de músicos, escritores, ilustradores, guionistas, actores, asuntos fiscales, tributarios y laborales, así como la compatibilidad de derechos de autor con la pensión, la situación socio-laboral de los artistas en espectáculos públicos y el futuro de las enseñanzas artísticas. En este sentido, se hace especial hincapié en las transiciones profesionales, teniendo en cuenta que los artistas se caracterizan por unos itinerarios vitales atípicos y carreras profesionales cortas.

Mediante los programas de apoyo a la transición profesional de los artistas, el proyecto de Estatuto busca también conseguir que –como ocurre en algunos casos- dejen de ser personas en riesgo de exclusión social. Así, se propone potenciar las posibilidades de empleabilidad y movilidad de estos artistas con medidas de soporte psicológico, asesoría laboral y apoyo a la educación. Para ello, habrán de tenerse en cuenta las particularidades ligadas a la edad y la necesaria inclusión de los perfiles profesionales de los creadores escénicos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, a fin de que los trabajadores de este colectivo puedan acceder a procesos de evaluación y reconocimiento de competencias, como ocurre con el resto de profesiones.

El Estatuto del Artista y del Profesional de la Cultura pretende contemplar –así consta en las conclusiones del informe- la situación de quién crea la obra y para hacerlo debe formarse e investigar, quién diseña el escenario, quién lo ilumina, quién escribe la música y quién la ejecuta, quién la promueve, quién ilustra un poema y quién lo recita, quién comisaría el conjunto, quién lo hace llegar al público y, en general, quién sostiene o gestiona todo el proceso con su trabajo visible, invisible o ambos a la vez. Porque «todas estas personas son indispensables para disfrutar de una obra de teatro, una exposición, un libro, una película, una ópera, un concierto».

Cuando el documento se someta –ya a partir de septiembre- a la aprobación del pleno del Congreso de los Diputados, se habrá dado un paso histórico. Todavía quedará mucho recorrido por delante, puesto que la vigencia del Estatuto precisa de nuevas disposiciones reglamentarias que afectan a distintos departamentos ministeriales. Y el gobierno deberá adoptar algunas medidas previas como la creación de una entidad o comisión interdepartamental que se ocupe del establecimiento, gestión y control de programas de fomento de la transición profesional, órgano para el que se solicita una dotación presupuestaria suficiente. La reciente creación de un Ministerio de Cultura específico puede contribuir, sin duda, al impulso de esta vieja aspiración de los artistas y profesionales de la cultura.

 

Juan José Sánchez Balaguer/ Diario Información (20/07/18).

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